La participación social en educación es un derecho para intervenir en las decisiones que competen a la organización de la vida escolar, darles seguimiento y vigilar el funcionamiento de los servicios, como una vía para lograr una mayor relevancia, pertinencia y calidad de la educación que se imparte en los planteles educativos. Su antecedente formal deriva del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), firmado en mayo de 1992, que un año después se incorporó a la Ley General de Educación. Pese a este sustento legal, la participación social no ha podido consolidarse como política pública debido a factores que van desde el desconocimiento de sus propósitos por la ciudadanía, la falta de representatividad e insuficiencia de organismos de la sociedad civil implicados en la evaluación de las políticas educativas y la inexistencia de esquemas efectivos de participación, hasta la persistencia de resistencias y del corporativismo dentro del ámbito escolar; no obstante esto último el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se haya manifestado finalmente a favor de la participación social en los acuerdos de su IV Congreso de Educación realizado en junio de 2007.
¿En dónde estamos?
La participación social en educación incluye diversas formas y niveles. Una de ellas es la participación de los especialistas en los procesos de políticas públicas, como es el caso del Consejo de Especialistas (Codese), constituido en febrero de 2006, y que en esta administración no ha sido aprovechado por la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). También se encuentran esfuerzos mucho más amplios, como el Compromiso Social para la Calidad de la Educación (CSCE), firmado en agosto de 2002 con la participación de múltiples actores (la SEP, SNTE, partidos políticos, iglesias, sector empresarial y sector académico) y del cual poco se sabe. Al parecer el gobierno no ha sido congruente con el propósito de impulsar un proceso de amplia participación de la sociedad en la tarea educativa al no especificar, por ejemplo, las acciones que habrían de emprenderse para impulsar la participación real de los sectores involucrados, al no dar las prescripciones específicas para promover la participación de los padres de familia en cuanto al derecho a la información y a la transparencia y rendición de cuentas, y al generar confusión en cuanto a los objetivos y atribuciones de los consejos de participación, aunado a la compleja burocracia organizacional en que se funda su trabajo.
Por su parte, el Consejo Nacional de Participación Social en Educación (Conapase), creado en 1999, y cuya misión consiste en vincular a los diversos sectores interesados en la educación a través de la promoción de una democracia participativa, mantiene una concepción oficialista, una pesada estructura y sobre todo inconsistencias en su composición como se advirtió durante el Foro, lo que no alienta ni permite el desarrollo de verdaderos procesos democráticos de participación.
Cometarios finales
Ha costado mucho trabajo constituir núcleos fuertes de crítica y propuesta desde la sociedad civil que sean escuchados por quienes toman las grandes decisiones en materia educativa. Las propuestas que desde la sociedad civil se hicieron a las autoridades educativas actuales algunas de ellas realizadas de manera conjunta por varias instancias no fueron tomadas en cuenta en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Es un hecho que algunas iniciativas de la sociedad civil no parecen tener espacio de participación estable en la Secretaría de Educación Pública. Los esfuerzos de participación social en educación se encuentran excesivamente centralizados en el Distrito Federal. La relación con los medios de comunicación no ha sido la esperada, pues no se ha encontrado en ellos la caja de resonancia indispensable para esfuerzos de grupos que son aún muy pequeños; ha habido dificultades para llegar de manera directa a la opinión pública no organizada. Los esfuerzos de interlocución se han centrado en el poder Ejecutivo nacional, si bien comienzan a extenderse al estatal y al poder Legislativo. Los estados del conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) no se leen aun cuando son una herramienta útil para investigadores y estudiantes. Los comunicados del OCE se responden en contadas ocasiones.
Actualmente la prioridad del gobierno de Felipe Calderón no es la educación sino la seguridad. Congruente con esta idea, el gobierno plantea mejorar la seguridad en las escuelas mediante los consejos de participación escolares. Pero ¿qué ventajas y desventajas hay en esta nueva propuesta? Las ventajas son que el Programa Escuela Segura arranca desde la célula básica del sistema educativo nacional, la escuela; además, los resultados de cuidar la integridad de las niñas, niños y jóvenes pueden ser más palpables que esperar a que gracias a la participación de la comunidad o los jefes de familia se mejore el aprovechamiento escolar de los alumnos, como antes se proponía. Entre las desventajas están: 1) la participación social en la escuela ya no está estrechamente vinculada con iniciativas orientadas a la mejora de los aprendizajes; 2) el Programa Escuela Segura se pensó para contextos urbanos cuando la participación, como expresión de la democracia directa, es imprescindible para los contextos más marginados como el rural, y 3) este programa probablemente le asignará una carga extra de trabajo a los directores, maestros y jefes de familia. De tal suerte, por más loable que sea cuidar la integridad de las niñas, niños y jóvenes, un programa educativo que se alinea a las propuestas generales del Ejecutivo sin cuidar aspectos en la etapa de formulación e implementación de políticas, no tiene muchos méritos para llamarse innovador.
Existe, sin duda, una creciente conciencia de la necesidad de participar en la educación desde sectores cada vez más diversificados, si bien todavía muy centralizados de la sociedad. También hay una clara necesidad de la sociedad de generar estos espacios y de abrir intersticios de escucha e influencia, de propuesta e innovación, así como de crítica y exigencia de rectificación. Ante el actual programa sectorial de educación, esto se vuelve imprescindible, a riesgo de que la sociedad tenga que soportar los efectos de la falta de rumbo claro de un sexenio perdido en materia de avance educativo. Más que nunca es evidente que el gobierno, y México, necesitan a la sociedad civil organizada en torno a lo educativo para verdaderamente comenzar a avanzar en la solución de los principales problemas que nos atan a la desigualdad y a la deficiente calidad en educación.
